Quiero referirme al artículo publicado por Andrés García y Daniel Romero, con el título “Ejecutivo dinamiza el diálogo e instruye a los gobernadores” el 23 de octubre de 2019.
Antes de tomar la decisión de poner en vigencia el decreto 883 se tuvo que hacer un análisis económico y político para evidenciar las repercusiones que este pudo tener. Luego de que el Ejecutivo cediera, bajo presión indígena, a derogar el decreto pudimos evidenciar que lo ocurrido como resultado de las medidas económicas pudieron ser evitados.
En reuniones mantenidas durante los días posteriores al paro se realizaron varias reuniones para analizar algunas de las medidas que causaron mayor descontento en la población, una de ellas la focalización de los subsidios para los combustibles fósiles. Si el Ejecutivo hubiera tenido un mejor asesoramiento se hubiera hecho esto desde un principio.
Se busca focalizar el subsidio solamente para el diésel que es lo que mayormente ocupan los campesinos y agricultores, estos no pertenecen a clases altas sino a clases obreras por lo cual resultan afectadas directamente. Por el momento se siguen discutiendo algunas otras medidas tomadas y derogadas días después para que no vuelvan a crear descontento en el pueblo.
Juan José Ferrín Ruiz