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Cartas al director /16 de octubre del 2021

¿Transporte público o campo de batalla?

La seguridad en el transporte público parece desvanecerse día tras día. Episodios que deberían sorprendernos e incluso indignarnos forman parte de la normalidad y nadie hace nada al respecto.

Los usuarios habituales queremos un servicio digno y respetuoso, ya que es por ello por lo que pagamos. No queremos tener que vigilar nuestras espaldas cuando vamos a picar el billete o tener que oler el humo que sueltan los pasajeros que fuman en el mismo vagón.

Queremos que el personal de seguridad no mire hacia otra parte cuando estas cosas pasan y que no sean los primeros en bajarse del tren evitando tener que enfrentarse a estas situaciones.

Una buena gestión del transporte público es responsabilidad de todos pero ofrecer un servicio adecuado también es responsabilidad de la empresa.  

Raquel Martín Montemayor

Los retardatarios del país

Se pensaba que las cosas iban a cambiar para los ecuatorianos, especialmente para los millones que no tienen un empleo formal y esto era una de las promesas de campaña del presidente Lasso y sabía como hacerlo, por ser un ciudadano muy práctico y un emprendedor y cómo lograr ahora como Presidente el bienestar de muchos ecuatorianos. Para alcanzar estos objetivos, debía tener el apoyo de los demás poderes del Estado, especialmente de la Asamblea Nacional, por cuanto se tenían que aprobar leyes muy importantes para cumplir las promesas de campaña.

Con la responsabilidad, como primer ciudadano del país, como Presidente de la República, dio muestras en la campaña de vacunación, que de paso fue un éxito, no solamente nacional, sino un reconocimiento internacional por haber logrado lo que muchos otros países no lo hicieron. Esto nos motivó a pensar que estábamos en buen camino para alcanzar el sueño ecuatoriano y el bienestar de toda una nación. El Presidente Lasso estaba logrando los acuerdos necesarios con los multilaterales para reflotar la economía en bancarrota que le dejaron sus predecesores y lo consiguió, para paliar esta difícil situación.

Cuando todo iba de acuerdo a lo planificado para alcanzar su segundo gran objetivo, de incrementar millones de empleos en cuatro años, le era necesario enviar las reformas al Código de Trabajo, su plan económico y otros para su estudio y aprobación de la Asamblea Nacional, la cual había caído en descrédito ciudadano en tan poco tiempo, porque sus integrantes estaban haciendo lo que no debían hacer, seguir cobrando diezmos, seguir palanqueando cargos en el Gobierno y otros chanchullos más.

Es aquí cuando la Asamblea, el primer poder del Estado, en vez de apoyar las iniciativas del Ejecutivo, da lugar aquellos los retardatarios del país para frenar todo proyecto de ley y no permitir que los sueños y anhelos de muchos jóvenes, padres y madres de familia y muchas personas más alcancen y tengan un empleo digno; estos partidos políticos en los que sus integrantes están cuestionados por los informes de la Contraloría y Fiscalía, llámense correístas, Pachakutik, Social Cristianos, que no tienen nada ni de social y peor de cristianos, la Izquierda Democrática. Es decir todos estos retardatarios del país, pensando, no en el bienestar ciudadano, como anhela el presidente Lasso, sino en su bienestar personal y de sus partidos políticos. Qué pena, qué insensatez, el bienestar del país en manos de malos ecuatorianos.  

Marco Antonio Medina Moncayo

A este país no le salva nadie

El proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional ha sido descalificado por el Consejo Administrativo de la Legislatura y no por el pleno del Parlamento, olvidando que solo éste tiene atribución para aprobarlo, reformarlo o negarlo. Se aduce que trata de varias materias y no de una sola, como lo prescribe el Art. 136 de la Constitución, desconociendo que la propia Carta en el Art. 140, inciso segundo, califica a los proyectos urgentes, como de “materia económica”, o sea de un solo tema, asunto o disciplina.

Interpretar que el proyecto trata varias materias es exigir con poca inteligencia, que se presente 33 proyectos, porque son 33 las leyes que se reformarían, en cuyo caso varios de ellos tendrían uno o dos artículos, complicando innecesariamente el campo jurídico, cuando lo lógico es que se tienda a simplificarlo y no a entorpecerlo.

Lo que no podría incluir el proyecto son reformas en materia civil, penal, aduanera, de inquilinato o de derechos humanos, entre otras, porque en términos generales no se ubican en el campo económico.

Lo malo del proyecto es que se ha convertido en un nuevo “hijo pródigo” que no tiene el respaldo de nadie, ni siquiera de los desocupados, porque ellos lastimosamente, no están organizados; y los ricos no lo aceptan porque crearía nuevas cargas impositivas que restringirían el consumo de sus familias, pese a que los fondos que se recaudarían se destinarían al pago de los compromisos del Estado nacidos del enfrentamiento a la pandemia. Por lo que, si se trata de financiar gastos, algún insensato llega a plantear para su financiamiento, la reducción del gasto público en burocracia, despidiendo a unos 40.000 o 50.000 empleados para conseguir un ahorro de USD 700 millones en un año, pues el gasto total en sueldos llega anualmente a unos USD 8.600 millones en el Gobierno Central.

La recomendación planteada por algún representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil, no sé si puede tener el apoyo de otros sectores que no sean sus agremiados, pues no creo que tengan parientes en el sector público, al que pertenecí, a mucho honor, más de 40 años.  

Iván Escobar Cisneros

Paraísos fiscales

Veo con interés pero no sorpresa que el nombre del Sr Lasso ha aparecido en la última lista de multimillonarios y billonarios del mundo que se las arreglan para ocultar sus fortunas y evitar pagar impuestos en su lugar de residencia. Sin duda, nuestro querido mandatario se rasgará las vestiduras y pregonará a los cuatro vientos que no ha hecho nada ilegal y seguramente eso será verdad.

La pregunta sin embargo, no solamente para él, sino para todos los que proceden de esta forma, debe ser por qué lo hacen, en primer lugar. Estas fortunas enormes que para el ciudadano común y corriente no solamente son inalcanzables sino imposibles de imaginar, generan rentas sobre las que hay que pagar impuestos. Como no sabemos a cuánto asciende la fortuna del Presidente, no es posible decir cuál habría sido la cantidad que el Estado Ecuatoriano hubiera recibido en calidad de impuestos durante los años en los que el dinero estuvo oculto en el “paraíso”, pero podemos deducir que esta cantidad no hubiera afectado para nada la gran fortuna de este señor o su estándar de vida.

Y éste es el meollo del problema. La gente que más tiene es la que más quiere. Este es el concepto de avaricia que les hace ocultar el dinero a toda costa. Y lo que hacen no será ilegal, pero es inmoral, especialmente cuando viniendo de gente que, como Don Guillermo, trata de presentarse como el retrato de la ética y la honestidad.

También veo con interés que el nivel de indignación ante lo que ha hecho el Presidente no parece tan elevado, en contraste con el volumen de protesta en contra de pequeños bonos y concesiones para los más necesitados.

Parecería que la filosofía actual es que a los ricos hay que darles todo tipo de prebenda para que sigan haciendo lo mucho o poco que hacen para aumentar sus ganancias. A los pobres hay que darles palo para que vayan a trabajar aunque sea por centavos que no les permiten ni siquiera sobrevivir. Decididamente vivimos en tiempos interesantes…  

Susana Mancero

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