Dos años después que el Gobierno publicara la “Ley solidaria y corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto” con el fin de solventar la reconstrucción de dichos territorios en un plazo entre 2 a 3 años, en que se esperaba recaudar entre 2 mil y 3 mil millones de dólares, distribuyendo la recolección en tres partes: 1). Contribución de personas naturales con el valor a un día de trabajo para los que ganan más de USD. 1.000 e incremento del IVA al 14%, menos en las zonas afectadas. 2). Contribución de personas naturales con un patrimonio mayor al USD un millón con un aporte de 0,9% de su patrimonio y 3). Contribución solidaria sobre utilidades con el 3% sobre las mismas. Este proyecto que nació con un plan de sacrificio a todo el pueblo ecuatoriano no tiene visos de ver su conclusión. Todo proyecto debe contar con una proyección de gastos estimados en su reconstrucción, etapas de desembolso y cumplimiento parcial, priorización de obras, comenzando por la de alimentación, salud y vivienda. Los recursos entregados por el pueblo a través de tributos fueron a parar a la cuenta única, en vez de una cuenta asignada para su control y ejecución. Muchas áreas en varias ciudades y comunidades siguen con los escombros a la vista y en otras muestran solares, sin que se sepa si servirán para áreas verdes o nueva planeación urbana. Los mercados se desarrollan en las calles en total desorganización y sin conocer cuando estarán listas sus edificaciones. El hospital de Chone atiende en 15 carpas donadas por una ONG norteamericana, su reconstrucción ha comenzado con fondos donados por el Gobierno de China, igual seguirá el de Bahía. En Manta la torre de control del aeropuerto fue donada por los EE.UU. y las instalaciones del aeropuerto todavía no comienzan a reconstruirse, el hospital del IESS está en reconstrucción. La vulnerabilidad de los habitantes está sujeta a cambios bruscos de fenómenos naturales y lluvias.