La eliminación del subsidio al combustible de aviación dispuesto por el Gobierno ha causado una lógica reacción de las líneas aéreas afectadas, ya que se ven obligadas a subir el precio de los pasajes para compensar el inevitable incremento de sus costos de operación. Igual reacción se ha producido por parte de los usuarios, puesto que el mayor costo de los pasajes incide directamente en su economía. Siempre ha sido facultad y competencia del Consejo Nacional de Aviación Civil el fijar las tarifas con unanimidad para todas las aerolíneas, a solicitud de la Dirección de Aviación Civil y previo un estudio de factibilidad preparado por el Departamento de Transporte Aéreo. Pero la actual Ley de Aviación Civil no concede tal facultad a estos dos organismos que tácitamente han perdido autoridad en lo referente a la fijación de tarifas aéreas. Por el contrario, la Ley de Turismo concede “discrecionalidad” a las compañías de transporte involucradas en aspectos turísticos, para que establezcan sus propias tarifas sin necesidad de contar con la debida autorización. Por esto que las tarifas aéreas para un mismo trayecto pueden ser diferentes de una compañía a otra, lo cual origina una competencia tarifaria. La autoridad aeronáutica podría gestionar una reforma a la Ley de Turismo y de Aviación Civil, a fin de que la fijación de tarifas aéreas vuelva a ser de su competencia, como debe ser.