12 de diciembre de 2020 00:00

¿Hasta cuándo deberemos soportar el embate delincuencial?

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Efraín Armando Flores Batallas

La Alcaldesa de Guayaquil, en una sesión de Concejo y teniendo como testigo nada más ni nada menos que a la Dra. María del Carmen Maldonado, principal del Consejo de la Judicatura (órgano de gobierno, administrativo y disciplinario de la Función Judicial), conmina a la Asamblea Nacional a promulgar leyes que permitan sancionar seriamente a la delincuencia que hace de las suyas en el país.

Entre otras cosas dice “que las leyes vigentes son como un saco descosido, ya que los delincuentes entran por el un lado y salen por el otro como si tal cosa. Puntualiza que una de las tareas obligatorias elementales de ese poder del Estado, es proveer de herramientas legales mínimo necesarias, que su aplicación permita conseguir la paz y seguridad que anhelamos, incita a la ciudadanía a dar guerra a la delincuencia, expresa que, si quieren guerra, pues tendrán guerra”. Mensaje atrevido y delicado, pero con el que muchos ciudadanos estarán de acuerdo; “lo que está ocurriendo, entre otras cosas es efecto de una mala administración de justicia, jueces blandengues y sonsacadores que tal parece son parte de bandas delincuenciales bien organizadas, jueces que no basta se les destituya, deben ir a la cárcel”. Pero la calentura no está en las sábanas, ¿quiénes son los sinvergüenzas que compran lo robado?, pues los alcahuetes de sus fechorías, cachineros sin escrúpulos que maquillan sus negocios turbios en chinganas ofreciendo baratijas de tercera. El famoso “Mercado Barato”, en donde hormiguean los delincuentes, debe ser investigado a profundidad, La Marín, otrora barrio popular tranquilo de Quito, también se presta para aquello y qué decir de la Bahía en Guayaquil.

La Alcaldesa se refiere en términos poéticos a que “la paz solo viene después de la guerra, bienvenida entonces la guerra”, guerra que sería a nivel país ya que el Ecuador no solo es Guayaquil independiente, son también otras 23 provincias que claman por una paz permanente.

Tal parece que la delincuencia está protegida por los famosos derechos humanos, derechos que no consideran a los agredidos que en muchos casos son personas violadas y asesinadas, dejando una secuela de indignación e impotencia.

La acción paralela imperativa a lo que plantea doña Cynthia, es transferir a la cárcel a los delincuentes prófugos, refugiados, engrilletados, veedores de comicios amañados, beneficiarios de coimas y diezmos, negociadores de la salud del país. Entonces ahí sí, la justicia ecuatoriana tendría una razón más que suficiente para acometer eficazmente contra la delincuencia criolla de desecho. Tienen la palabra los poderes del Estado, los pocos jueces honestos, la fuerza policial, los otros alcaldes, y desde luego la ciudadanía. 

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