La Constitución aprobada en el año 2008, es un texto constitucional que fue aprobado sin ningún consenso de país, y con fines meramente fijados en la acumulación de poder político para un partido con hegemonía temporal y no como un proyecto de Estado.
Esa Constitución que está vigente contiene en su parte dogmática, prebendas disfrazadas de derechos, y, en su parte orgánica, una estructura hiperpresidencialista que trajo consigo un Estado obeso y clientelar.
Dicha Constitución, que aún nos rige, fue un traje a la medida para el gobierno anterior, una herramienta para la acumulación de poder, y con esto una puerta abierta para el abuso de recursos públicos en la construcción de un proyecto político fracasado.
Contiene un sistema de economía solidaria, que no es más que un sistema basado solo en inversión pública que relega al sector privado y tiene como gran actor de la economía a un Estado paternalista. Este texto constitucional es nocivo para el país, y una gran limitante para el próximo gobierno y para la reactivación pospandemia, por lo que requiere una oportuna solución como objetivo de Estado.
A propósito del periodo electoral, ya se escuchan sirenas refundacionales y ofrecimientos de una nueva asamblea nacional constituyente, como una solución mágica a la crisis política, económica y social que atraviesa nuestro país.
Ya tenemos como antecedente, que una asamblea refundacional no es de ninguna manera la solución que necesita nuestra patria, solo implica gastos de recursos públicos y tiempo, que en estas épocas no se pueden desperdiciar.
Ante esto, tenemos una opción que puede ahorrar tiempo y recursos al Estado y por otra parte puede constituir una herramienta de consenso para la reinstitucionalización como objetivo de Estado.
La Constitución aprobada en 1998, constituye un texto constitucional de avanzada, que, con pocas reformas adecuadas a la época actual, puede configurarse como la vía necesaria para salir de la crisis y reencaminarnos como República.
Con un referéndum que contenga como única pregunta a la ciudadanía, la derogación de la nefasta Constitución actual y la puesta en vigencia nuevamente de la carta magna de 1998.
Con esto, nos evitaríamos el riesgo de una nueva refundación fracasada, plagada de populismo más que soluciones reales, evitarnos una asamblea nacional constituyente que ya sabemos que es la farsa más grande de los falsos revolucionarios.
Hay que estar conscientes, que la Constitución vigente tiene candados constitucionales que limitarían esta alternativa, pero la Corte Constitucional, deberá actuar con independencia y acorde a los principios universales del Derecho Constitucional.
En estos momentos, que el país requiere de grandes consensos para grandes reformas, las cuales deben ser consideradas objetivos de Estado, como son, la reforma a la seguridad social, reforma laboral, reducción del aparato público, reducción de trámites y regulaciones, seguridad jurídica, podemos empezar por un consenso nacional que nos lleve a un referéndum, para derogar la Constitución que nos rige, y poner en vigencia la Constitución de 1998, con reformas adecuadas a los actuales momentos, como punto de partida.