Como ecuatoriano tengo derecho a que el Estado vele por mi salud. Si pago mis impuestos, soy solidario con quienes aportan menos o no pueden hacerlo. Si me afilio al IESS accedo a sus prestaciones bajo sus reglas y soy solidario con quienes aportan menos. Si no me satisface ninguno de estos sistemas, contrato un seguro privado para recibir la atención que deseo en una institución de mi confianza y pago un deducible previamente acordado. Si no uso mi seguro privado soy solidario con quienes lo requieren y si lo necesito me beneficio de la solidaridad de los demás.
Si teniendo un seguro privado de salud decido atenderme en el IESS, mi aseguradora deberá pagarle por esa atención. Si en el IESS supero mi monto de cobertura privada, no podré utilizar mi seguro para otras atenciones particulares, porque ya consumí mi monto asegurado. Siguiendo la lógica revolucionaria y por el grave pecado de tener un seguro privado, solo faltaría que debamos pagar el deducible del seguro privado al solicitar una atención en el IESS. Es obvio que las aseguradoras privadas deben ser controladas pero hay que comprender que dichas empresas, a más de proporcionar oxígeno a la escuálida economía de las instituciones públicas de salud, dan trabajo a miles de ecuatorianos.