27 de October de 2011 00:01

Réplica al artículo 'Quimsacocha'

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En referencia al artículo titulado "Quimsacocha", publicado en la sección Opinión, página 15 de este 24 de octubre, y que tiene la firma del señor Juan Cuvi. En ese espacio el señor Cuvi hace afirmaciones falsas sobre mi actuación política, los mismos que solicito rectificar, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 66, numeral 7 de la Constitución, sobre el derecho a la réplica.

Juan Cuvi cita que el 19 de mayo de 2003, yo suscribí la Ordenanza que sanciona el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca, y que tuvo entre otros objetivos, proteger las fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad. Eso es cierto y lo considero totalmente acertado. Lo que es falso, es sostener que yo habría sido la única que lo hizo, pues, esa Ordenanza fue firmada por todo el Concejo edilicio. Y en este contexto falso es que el articulista pretende hacer creer a la ciudadanía que solamente yo la habría firmado.

Adicionalmente, este hecho lo cita descontextualizadamente y de forma inexacta, pues hay que tomar en cuenta que desde octubre del 2008, el Ecuador tiene un nuevo marco constitucional y la Ordenanza antes mencionada está supeditada al marco legal superior, es decir la nueva Constitución, la misma que establece con claridad que la explotación minera se realizará dentro de una marco sustentable, de protección al ambiente y que no contamine las fuentes hídricas ni el suelo. Además, en ninguna parte de la Constitución de la República, que contó con mi voto, posiblemente el del Sr. Cuvi, y del 65% de los ecuatorianos se prohíben las actividades extractivas, como la minería.

El señor Cuvi también indica que el pasado 2 de octubre, el Concejo cantonal aprobó una resolución sobre una supuesta moratoria minera. Nada más alejado de la verdad, pues, el Cabildo lo que simplemente hizo es solicitar al Ejecutivo que se suspenda la explotación minera, así como la negociación y contratos de explotación en los proyectos Quimsacocha y Río Blanco hasta contar con mejor información que despeje sus preocupaciones. Al respecto, debo precisar que ni el Concejo tiene atribución legal ni constitucional para resolver sobre moratoria minera alguna, ni esto último ha ocurrido, como falazmente afirma el columnista invitado.

El señor Cuvi llama proceso de participación a una simulación política en el que su autor se burló de la voluntad popular, ya que la mal llamada "consulta minera" que se desarrolló en las parroquias Tarqui y Victoria de Portete, el pasado 2 de octubre, no tienen ningún sustento legal ni legitimidad ética, y menos, efecto jurídico alguno.

Es de dominio público que ese acto carente de validez legal fue organizado por un dirigente conocido por su actitud de oposición al Gobierno Nacional. Él mismo propuso la consulta, redactó la pregunta, diseñó la papeleta en la que se inducía a votar por el No, elaboró el padrón, vigiló las elecciones, contó los votos y proclamó los resultados. Todo esto a espaldas del Consejo Nacional Electoral, que, según la normatividad jurídica vigente, es el único órgano constitucional competente para organizar procesos de consulta. Si el señor Cuvi otorga valor a un acto que carece de él, es su problema, a fin de cuentas, tiene todo el derecho de hacerlo; pero, lo que no puede hacer, como columnista, es irradiar con su particular punto de vista sobre la credibilidad institucional a los lectores, pues, ello conduce indefectiblemente a inducir a error y engaño a la sociedad en general.

En torno a la minería y los otros temas de interés nacional, mi posición sigue siendo la misma y guarda plena coherencia con mi trayectoria de izquierda: la de una militante de una izquierda progresista que busca el desarrollo equitativo y sustentable en todos los sectores de la sociedad.

Nunca avalé ni respondí a una izquierda dogmática, retardataria, infantil e ilusa, de ataque y de confrontación con todos aquellos que llevan adelante propuestas de progreso social. Y, consciente de que ser de izquierda es compasarse con los nuevos tiempos, adecuar las conductas de gobernantes y gobernados a la norma impersonal del Derecho que obliga a todos, y no confundir el ejercicio de la democracia participativa con la demagogia o la manipulación de la participación, sino vivirla en la práctica como complemento de la democracia representativa, considero que no por ejercer la libertad de opinión, quepa desinformar a la ciudadanía con aseveraciones que desdicen del verdadero rol ético que debe primar en quienes hacen comunicación social, y que tienen como principal obligación fundar sus afirmaciones en las fuentes de información, y sustentar sus asertos en la realidad objetiva y en una correcta investigación social.

Doris Soliz Carrión

Ministra Coordinadora de la Política



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