A propósito de los amplios reportajes que publica EL COMERCIO relacionados con la aplicación del principio de repetición, para sancionar a todos los responsables de las violaciones constitucionales ocurridas a finales del año 2004, que derivaron en la integración de la pichicorte y del nuevo Tribunal Constitucional (TC), como consecuencia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cabe tener presente la írrita Resolución que dictó el TC espurio, tratando de blindarse de reclamos posteriores.
En efecto, dicha Resolución publicada en el Registro Oficial Suplemento 477 del 8, diciembre, 2004, dispone que, para suspender los efectos de una Resolución Parlamentaria, entre ellas las 25-160 adoptada por el Congreso el 25 de noviembre del 2004, por supuesta violación de la Constitución… la única acción que cabe es la acción de inconstitucionalidad que debe proponerse ante el Tribunal Constitucional”.
De esa manera, el TC de alquiler impedía que cualquier recurso de amparo de los muchos que los afectados presentaron en los distintos juzgados del país, relacionados con la referida resolución, debían ser rechazados de plano por los jueces a los que llegaban por sorteo dichas causas.
Y el único recurso que dejaban “vigente” era la acción de inconstitucionalidad, que debían resolverla ellos mismos, es decir, los beneficiarios de la violación constitucional. Algo de ripley.Vale recordar que el derecho de repetición tiene que ejercerse contra todos los que, de una u otra forma, se coludieron para violar la Constitución.
En consecuencia, a los señores asambleístas de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado les recuerdo que además de los diputados violadores, deben incorporar a ese listado a los vocales del TC, que fueron elegidos a dedo por el Congreso de la época y que dictaron la írrita resolución antes referida, que impidió a los destituidos ejercer su legítimo derecho de defensa.
Hay que sentar un saludable precedente para que nunca mas ocurran las violaciones descaradas que promovió el gobierno de Lucio Gutiérrez y la mayoría legislativa que se complotó.