30 de noviembre de 2019 00:00

Repatriación de capitales, ¿un arma de doble filo?

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José Luis Hidalgo Fernández

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Durante los últimos días he leído y escuchado de diversas personas públicas, que sostienen ineludiblemente, que el Proyecto de Ley de “Crecimiento Económico” de carácter urgente enviado por el Ejecutivo debe archivarse, entre otras cuestiones -de fondo y de forma- por sus inconsistencias técnicas y evidente deficiencia de redacción, así como por tratar diversas materias en un mismo texto, contraviniendo el artículo 136 del texto constitucional.

Lo cierto es que, no todo es malo en el proyecto de ley, así, podemos encontrar en la parte final del cuerpo normativo, el Capítulo IV “Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal de Regularización Tributaria” compuesto por catorce artículos, pero que engloba un procedimiento ágil y sin mayores pesquisas, que son aplicables a los residentes fiscales del Ecuador que al 31 de diciembre de 2018 hayan mantenido en el exterior ingresos gravados con Impuesto a la Renta en Ecuador; o hayan realizado operaciones monetarias sujetas al impuesto a la salida de divisas no declaradas, con la finalidad de repatriar capitales que se encuentren en el extranjero, creándose para dicho efecto, un impuesto único que fluctúa entre el 1% y el 4% si se produjera el retorno de los recursos; y, del 8% si solo se declaran rentas, activos e inversiones.

Ahora bien, se establece en la Disposición General Segunda del Proyecto de Ley Económico respecto a la repatriación de capitales, que “…Tampoco se iniciarán respecto de estos sujetos -refiriéndose a quienes se acojan a este beneficio-, procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento ilícito privado no justificado, ni defraudación tributaria…”.

Resulta entonces necesario perfeccionar ese capítulo del cuerpo normativo que se debate actualmente en la Asamblea Nacional, porque no por el hecho de querer repuntar la economía nacional, se posibilite una especie de “blanqueo de capitales”, generando que posibles infractores de delitos económicos o contra la eficiente administración pública, se apropien de activos e inversiones en Ecuador, a guisa de querer invertir y repatriar capitales.

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