Incendiaron la contraloría, saquearon negocios, se tomaron pozos petroleros, atacaron cuarteles militares, cortaron el suministro de agua, insultaron al presidente, vejaron a policías, destruyeron UPCs, quemaron vehículos antimotines y patrulleros, grafitearon Quito, arrancaron cámaras de seguridad y semáforos, tumbaron postes de energía eléctrica, cortaron y quemaron árboles, gritaron consignas golpistas y, finalmente, negociaron con una comisión mediadora. Todas las arengas, discursos, insultos, grafitis y reuniones de conciliación utilizaron una sola lengua: el español. Si hubiesen invocado a sus huestes en shuar, achuar, quichua, paicoca, siapede, cha’palaa u otras de las lenguas que se hablan en el país, habría sido difícil conseguir un ataque uniforme y, a lo mejor, no pasaba mayor cosa. Tuvieron que utilizar la lengua de la conquista para aupar a la multitud y “hacerse oír”. En más de un año, solo un vándalo ha sido juzgado y sentenciado: el que lanzó una piedra por la espalda a un periodista. Envalen tonados tras la censura de la ministra de gobierno se sienten intocables, sin ley que los juzgue y, peor, los sancione, porque ahora exigen rendir su testimonio en su lengua nativa. ¿Cuánto habrá que esperar para que dejen de tomarnos el pelo, un juez les aplique la ley y los sancione?