EL COMERCIO de 15-06-2012 da el dato de 55 000 refugiados y 108 “con problemas judiciales”. A un promedio familiar de cuatro, unos 14 000 hombres (de hecho hay familias más grandes).
Excluyo de la delincuencia a mujeres y niños, pese a existir féminas sicarias y gamines en sitios como Medellín. Si sabemos que sólo se hace seguimiento legal al 10% de delitos, podría haber 1 000 “refugiados” delincuentes: 7% de los hombres. Se omite a gente técnicamente no refugiada que puede haber delinquido: unos en trámite de asilo y otros que, de algún modo, obtuvieron cédula ecuatoriana; además, extranjeros en actividades no siempre ilegales, aunque nocivas a la sociedad y que generan inseguridad: mendicidad, prostitución, proxenetismo y consumo de drogas.
La simple afluencia de gente no calificada a un país sin fuentes de empleo ya es un grave problema. Más aún, hay actividades a alto nivel, que involucran a pocas personas, pero tienen amplio impacto socio-económico: lavado de activos, tráfico de armas y drogas y testaferrismo.
Reconozco la tragedia social de los desplazados por la guerrilla y el narcotráfico, muchos serán gente honrada, pero Colombia es cinco veces más grande que Ecuador; debería tener zonas donde reubicarlos. La cifra sería suficiente para que un Gobierno patriota anulara el libre ingreso de indocumentados e implantara control mínimo. No creo que Rafael Correa lo haga.