A consecuencia de la gran cantidad de casos de corrupción que salieron a la luz durante la emergencia sanitaria y estado de excepción, es urgente y mandatario realizar una reforma profunda a la contratación pública impuesta por el gobierno anterior y que nos rige en la actualidad, derogando la ley vigente. La Ley que rige actualmente la contratación pública en nuestro país, favorece la corrupción en el manejo de los recursos del Estado, en vista que contiene mecanismos de contratación no concursables, de contratación directa para todos los segmentos, que otorgan amplia discrecionalidad a la autoridad de turno para seleccionar a dedo al proveedor, que no siempre es el que ofrece el producto o servicio de mejor calidad y precio, sino no el que más influencia ejerce y tiene poder político. En lugar de perder el tiempo en la aprobación de cuerpos normativos rimbombantes de supuesta lucha contra la corrupción, que deviene más en un populismo legislativo, se debe reformar de manera urgente y profunda la ley de contratación pública, siendo evidente que es ahí donde está la fuente de la corrupción.