El Presidente Moreno para que pueda cumplir sus compromisos de campaña y no incrementar la deuda pública, debe “reducir al mínimo” todas las partidas destinadas a egresos corrientes, comenzando por la Función Ejecutiva y terminando en el voluminoso sector estatal, aprovechando que las transferencias en favor del sector público deben ser aprobadas por el Ministerio de Finanzas. En este orden, vale mencionar las siguientes sugerencias:
Prohibir que los informes de labores sean presentados en hoteles y similares y que estos sean difundidos en ediciones de lujo; Eliminar los excesos de personal y “desvalorizar” los cargos y volver a clasificaciones anteriores; Prohibir la adquisición de nuevos vehículos y vender los más caros; Suprimir tantos asesores, comenzando por las dependencias “autónomas” y descentralizadas; Reducir los viajes a los casos estrictamente indispensables, inclusive el pago de viáticos; No autorizar la remodelación y traslado de oficinas, pues el lujo acostumbrado no es garantía de mejor servicio.
Otras recomendaciones exigidas por la situación: revisar los subsidios al gas y gasolina en forma “paulatina pero permanente”, dado el incremento imparable del parque automotriz y el contrabando a los países vecinos por la diferencia en los precios. Deberían eliminarse las empresas públicas que operan a pérdida. Las autoridades deben convencerse que “no pueden ser generosas con plata ajena” y los ciudadanos aceptar que con el gasto irresponsable del Gobierno anterior, “se terminó el periodo de vacas gordas”.