El artículo 160 de la Constitución indica que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía estarán sujetos a las leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones. Con la terquedad que caracteriza a Correa, y por sobre la Constitución, envío a la Asamblea un proyecto de ley de servicio público que incluía tanto a servidores civiles como a militares y policiales lo que causó la indignación de los uniformados. Los miembros del Regimiento Quito se insubordinaron, insubordinación que podía haber sido controlada con el diálogo o con la intervención disuasiva de las Fuerzas Armadas, pero el prepotente Rafael, en un acto que atentó a la seguridad del Estado entró desafiante al cuartel policial en donde fue recibido con gases y agresiones por lo que, según sus propias palabras emitidas en la sabatina del 20 de mayo del 2017, tuvo que “refugiarse” en un hospital de la Policía en el cual fue atendido apropiadamente, inclusive se desalojó una sala exclusivamente para él. Como no estuvo secuestrado recibió la visita de sus ministros y allegados; emitió el decreto de estado de excepción y tuvo acceso a teléfonos fijos y móviles. Por teléfono ordenó al Ministro de Defensa y al Jefe del Comando Conjunto que le den seguridad para su salida sin considerar que había enfermos tanto en el Hospital de la Policía como en el Hospital Metropolitano. Antes de emitir la orden a los militares debió disponer a su Ministro de Salud para que, con la ayuda de la Cruz Roja, se evacue a los hospitalizados; es lo menos que debía haber hecho porque nunca debió refugiarse en un hospital. El resultado de la irresponsabilidad de Correa causó la inestabilidad del país y sobre todo la muerte de civiles, militares y policías. El informe de las FF.AA. sobre el enfrentamiento de uniformados indica que fallecieron los soldados Cortez y Panchi y otros 40 resultaron heridos, algunos quedaron inválidos. Es lamentable la muerte del policía Jiménez pero no es la única víctima, por eso no se puede aceptar que se busque responsables solamente entre el personal militar obligado a enfrentar a policías armados e insubordinados; el único responsable de esta página negra se llama Rafael Correa Delgado, quien, no contento con haber provocado la tragedia, posteriormente se inventó secuestros y golpes de Estado para enjuiciar a presuntos culpables e inocentes.