Lo que en última instancia quiere el Presidente y el socialismo del siglo XXI –al costo que sea–, al pretender que la mayoría asambleísta más unos pocos dizque “independientes” afines al Gobierno aprueben la Ley de Comunicación, aparejada con la Ley de Telecomunicaciones que conlleva un objeti-
vo complementario, es coartarnos incluso, hasta la libertad de pensar y, obviamente, la de opinar; lo que se traducirá en la imposibilidad que a la ciudadanía se le impondrá de no poder expresar su palabra de manera democrática y libérrima. ¡Qué lástima!, pues, se nos despojará de un solo tajo la facultad que tenemos de expresar nuestra sencilla, pero eso sí, altiva voz.
Cuando aquello se dé, ya que muy a nuestro pesar así se vislumbran las cosas, lo que ocurrirá en contados días, toda vez que ya la Asamblea retomó el tratamiento de la referida Ley en segundo y definitivo debate -pues los asambleístas gobiernistas saben perfectamente que un deseo del Presidente es orden–, los ecuatorianos nos habremos convertido, automáticamente, en ciudadanos sojuzgados, situación que desgraciadamente y poco a poco lo irán perfeccionando los incondicionales al Régimen sin mayores tropiezos ni obstáculos, al igual, exactamente, de lo que hoy ocurre en Venezuela. Por ello, la ciudadanía debería permanecer hoy más que nunca muy vigilante y atenta para defender a ultranza la libertad que se nos quiere arrebatar.