Ante la grave crisis que nos azota, nadie discute que debemos arrimar el hombro dejando de lado cálculos políticos y electoreros. Es loable que el IESS, Issfa e Isspol compartan sus recursos e infraestructura con el MSP hasta terminar la pandemia, pero pretender que lo hagan de manera indefinida es otra cosa. En el 2010 una acción desfinanciada, populista y demagógica, le asignó al IESS el cuidado de las cónyuges de los afiliados y de sus hijos menores de 18 años cuya responsabilidad, evidentemente, es del Estado.
Como era previsible, al requerir la prestación de salud de un mayor presupuesto, taparon el hueco con recursos del fondo de pensiones al que también le suprimieron el aporte estatal del 40%, aduciendo una suficiente liquidez. Si el IESS pierde su autonomía y pasa a depender del Estado, su personal e infraestructura quedarán al servicio de todos y la prestación de salud a los afiliados y beneficiarios se otorgará en los hospitales públicos, por lo que deberían aportar solamente para las prestaciones de cesantía, jubilación, vejez y muerte, toda vez que la prestación de salud debe ser cubierta por el Estado. La Asamblea Nacional debe evitar que a la seguridad social se le aseste el puntillazo final y, valga la oportunidad, es imperativo legislar para que de manera definitiva el IESS deje de ser la caja chica de los gobiernos de turno.