Monseñor Julio Parrilla en su acertado artículo sobre La indignación activa, El Comercio, 7-10-18, expresa que “Acabar con la corrupción será una labor de generaciones y es una enseñanza que debe comenzar en la familia y afianzarse en la escuela: no robar, no engañar, no mentir, no corromper ni corromperse son mandatos universales, que parecen estar tristemente olvidados”, y es así. De otra parte, en Santiago de Chile en mayo de 1997, en el marco del Seminario organizado por el Celam, Consejo Episcopal Latinoamericano, denominado ‘Probidad o Corrupción, un Desafío Público y Privado’, se suscribe la Declaración ética contra la corrupción, se establecen las Bases para un proyecto de legislación sobre probidad pública y contra la corrupción y, además, un muy bien concebido proyecto de ley.
Los Obispos Latinoamericanos expresaron pensamientos certeros y profundos en tales documentos, al afirmar que “No es suficiente para evitar o erradicar la corrupción con la voluntad política de un gobernante austero en su gestión, que rechaza la frivolidad, el abuso del poder, y que sufre con la indiferencia ante las aflicciones que afectan a los pobres. Es necesario que todos sean honestos, en todos los actos de su vida pública o privada. El testimonio personal de honradez, sacrificio, sencillez y solidaridad es el mejor antídoto contra la corrupción. Como se ha dicho, no puede prosperar un gobierno honesto en una sociedad corrupta”.
Quienes egresamos del Diplomado Superior en Estudios de la Prevención de la Corrupción, dictado por la PUCE, en el 2007, consideramos que la prevención de la corrupción en nuestro país, debe iniciarse desde la educación inicial, con apoyo frontal desde el hogar. Con cambios en la malla curricular, como materia oficial y aún con apoyo de la Senescyt al ámbito universitario, así lograríamos, en el plazo de hoy hasta 20 años, un cambio frontal en la mentalidad de nuestra juventud.
El Gobierno Nacional, se sugiere, debería intercambiar experiencias e información con Naciones Unidas, Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, el FMI y el BID, entre otros, para que laboren junto al Ministerio de Educación en un proyecto definitivo para implantar como materia educativa la Prevención de la Corrupción.