A la carta publicada en el diario EL COMERCIO (22/01/2017) debo añadir lo siguiente: cuando este gobierno admitió la responsabilidad constitucional de proporcionar tratamiento a los pacientes con insuficiencia renal (IRC), lo hizo en conocimiento de la magnitud económica y organizativa que entrañaba este complejo tratamiento.
La aplicación técnico – científica del mismo se venía ejecutando por los centros de diálisis según estándares internacionales desde los noventa, la normalización del proceso terapéutico que se ha desarrollado desde el año 2008, aun es perfectible.
La planificación del presupuesto para costear el servicio de diálisis no es óptima simplemente porque no se conoce con exactitud la prevalencia e incidencia de la IRC (el país no cuenta con un Registro Nacional de Diálisis y Trasplante).
Un componente muy importante de este proceso es la georreferenciación: la atención de hemodiálisis debe efectuarse en el centro más cercano al domicilio o lugar de trabajo del paciente según la normativa vigente desde agosto de 2013; su aplicación irregular en estos tres años solo lo puede explicar la burocracia que al percatarse del fallo pretende aplicar la reglamentación de manera abrupta provocando el justo rechazo por parte de los pacientes que, ya acostumbrados a su centro de hemodiálisis, no están de acuerdo con la decisión.
Esto que escribo lo expresé en una reunión convocada en el mes de noviembre pasado por la Zonal 9 del MSP para dar a conocer la decisión a los directores médicos de centros de diálisis. Consultar – dijimos- a los pacientes y aplicar la reglamentación a los que deseen ser movilizados y a todos los casos nuevos es una manera de enmendar.