Con la alegría de un profesional en Economía, de formación liberal (no actuar bajo coerción; respetar el derecho de los demás; cumplir las leyes (Estado de Derecho) y responder por lo actuado) y que considera el empleo como uno de los principales indicadores económicos, he recibido la noticia que el Congreso de Estados Unidos tratará la renovación
de las concesiones arancelarias (SGP, ATPA y Atpdea).
Nótese que Estados Unidos lo hace por defender el empleo que las importaciones generan a medianas y pequeñas empresas en su economía, dejando a un lado diferencias políticas, expulsión de funcionarios, insultos y otros. Bajo ningún concepto por ser una obligación convenida u obligatoria por la lucha contra el narcotráfico (Base de Manta), toda vez que son concesiones arancelarias.
Sí ha jugado un papel muy importante la intervención incansable del sector exportador ecuatoriano, pues el Gobierno actual ha demostrado enorme desinterés por su renovación. Respeto la aspiración de muchos de lograr un acercamiento para un acuerdo de largo plazo, pues considero que el país dueño de nuestra moneda no tiene manifiesto interés por ello, debido a la inseguridad jurídica, irrespeto a la propiedad privada, falta de incentivos fiscales y el haber renunciado al Ciadi, entre los principales.