Después de haberse agotado todos los “medios de prueba” contemplados en el artículo 498 del Código Penal vigente; esto es, los catalogados como documentales, testimoniales y periciales e inclusive los identificados como “pruebas materiales”, se le sentenció al ex presidente Correa y a algunos de sus colaboradores íntimos, luego de superarse todos los alegatos de sus abogados. Pese a ello, los correístas siguen manteniendo la tesis de que la condena no es más que una “persecución política” de sus enemigos. Inclusive las declaraciones y documentos presentados, bajo juramento, de dos de sus colaboradoras, la Dra. Pamela Martínez y su asistente, detallando las fechas, los montos de los pagos efectuados, la persona que los hizo y el beneficiario de tales depósitos, no se las acepta.
Algo parecido, pero en trámites y gestiones diferentes, aparecen en el Municipio de Quito, en donde estarían, supuestamente, implicados varios miembros de la familia Yunda, por ejemplo en la compra de pruebas de covid, hipotéticamente falsas; compra con sobreprecios en la Empresa de Agua Potable; intermediación en la compra-venta de terrenos municipales; ofertas para la compra de buses eléctricos; compra de cámaras de vigilancia para la Policía Metropolitana; y, eventual, obtención de un “dictamen abstentivo” en la compra de pruebas covid, pese a que el Alcalde, para vergüenza de la ciudad, se encuentra con grillete y prófugo el Secretario de Salud.
Tal sería la alarma que se ha despertado en el Concejo Metropolitano, que algunos de sus miembros han plateado la renuncia del Alcalde o, al menos, su licencia hasta que se determinen sus responsabilidades, pero el bloque correísta, patriota como es, estaría defendiendo a su compañero, porque a igual que en el caso de Correa, estiman todos ellos que se trata de una nueva persecución política. Ojalá no aparezcan otros perseguidos.