Durante la Edad Media y la Edad Moderna, incluso durante las guerras de independencia de los EE.UU. y aún hasta 1994 en Argentina, los gobernantes, monarcas o en general cualquier autoridad extendía a los propietarios de navíos permisos para poder atacar embarcaciones o poblaciones enemigas o en desacuerdo. Nuestra constitución establece en el artículo 98 que: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”.
Este derecho a la resistencia no puede ser interpretado como significado de patente de corso para que a pretexto de la resistencia se utilice la anarquía, el desorden o el vandalismo, como una forma de reclamo.
Utilizando estas formas solo se convierten en vulgares piratas que, como en la Guerra de Corso, su fin era el de saquear, atropellar derechos y enriquecerse o simplemente llevarse un botín. Los derechos y obligaciones de todos los ecuatorianos están por encima de estos actos atroces de los que hemos sido testigos en estos últimos días. La protesta, la demanda tiene siempre como camino y solución a lo largo de la historia, el diálogo de las partes y la confrontación pacífica de posiciones por el bien de una comunidad. Por esto, quienes supuestamente están reclamando derechos por el bienestar del país deben dejar de utilizar el derecho a la resistencia como “patente de corso” para cometer delitos y más bien deben requerir a las autoridades sus molestias, demandas o desacuerdos, para que, a través del diálogo, sin ilegalidad, se pueda llegar a consolidar lo que todos quienes anhelamos, que es la paz y la prosperidad por un Ecuador mejor.