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¿Qué nos pasa?

Permítame, señor Director, reflexionar sobre la corrupción que azota a nuestro país, y referirme a un denominador común que observo en casos mediáticos que han causado alarma en la sociedad, ya que únicamente se analiza cuantificándoles en valores monetarios, y es el siguiente: Un ex presidente del Ecuador es acusado de cometer actos de corrupción junto con sus hijos; el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es sentenciado por actos de corrupción en lo que también se involucran las cuentas bancarias de su hijo; un ex concejal de Quito, no estuvo por las ramas: involucró a toda su familia; el ex contralor, prófugo en Estados Unidos, acusado de corrupción en complicidad con su hijo; el actual contralor subrogante, sospechoso de corrupción junto a su hermano; un alto funcionario de este Gobierno, implicado junto a su hermano.

A lo mejor se me olvidan otros casos en que los padres, llamados a ser ejemplo de honestidad, de valores morales y humanos para con sus hijos, proceden al contrario: los involucran, les asocian, les utilizan, les cubren en sus actos de corrupción. Esta reflexión la hago por el caso del hijo del señor Alcalde de Quito, involucrado en presuntos negociados entre empresas extranjeras y el municipio, con fuerte tufo de corrupción. Parece que el arribar a una función pública en el Ecuador es sinónimo de “ahora o nunca” para aprovechar en negocios y negociados de agnados y cognados mientras están en funciones. El servicio público pasa a segundo o tercer plano.

Por todo esto debemos exigir a los futuros gobernantes que motiven públicamente las razones por las cuales nombran ministros, subsecretarios, directores, especialmente en áreas sensibles en donde el dinero del erario nacional debe ser administrado con total escrúpulo, nitidez, diafanidad. Que las famosas audiencias de rendición de cuentas no se circunscriban a pregonar lo que ha realizado, sino a admitir lo que no pudieron realizar y explicar las razones. Que se divulguen los contratos públicos, especialmente sus montos, objetos y plazos, al igual que la identificación de los contratistas. Que esta información sea sometida al escrutinio público. Solo así se podrá iniciar un proceso que termine con la corrupción.