Actualmente, dos países latinoamericanos están viviendo una situación paradójica. Por un lado, en Cuba se llevan a cabo los acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC. Como parte de los mismos, se está negociando el indulto, la amnistía, la elegibilidad política, entre otros beneficios para sus integrantes.
Estos potenciales “beneficiarios” han sido acusados de secuestro, extorsión, reclutamiento de menores en sus filas, entre otros delitos. Por otro lado, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro llama “terroristas y criminales” a los dirigentes opositores encarcelados. Estos son acusados por “incitar a la violencia”.
Leopoldo López fue condenado a 14 años de prisión y Antonio Ledezma es acusado de “conspiración y asociación para delinquir”, con una condena de 16 años de cárcel. Entre los 76 presos políticos que beneficiaria la Ley de Amnistía, que ha sido calificada por Maduro como “ley de impunidad”, cabe preguntarnos por qué a los unos se les conceden todos las beneficios y privilegios y a los otros les caen condenas, con todo el peso de la ley. ¿Será que la justicia se aplica según el interés político del gobernante de turno?