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La pandemia y los municipios

Con la decisión del Gobierno nacional para trasladar el control de la pandemia del covid-19 a los gobiernos municipales renunciando graciosamente a su competencia exclusiva sobre la salud, con el pretexto del fin el período de excepción a partir del 13 de septiembre, y el virus sigue presente en la población ecuatoriana. Se debe recordar al Presidente de la República que de conformidad con el Art. 261, numeral 6, de la Constitución, son competencias exclusivas del Estado las políticas de Educación, Salud y Seguridad Social; y que concomitantemente con lo que dispone el Art. 273 de la misma Carta Política, corresponde al Ejecutivo transferir a los gobiernos municipales los recursos necesarios para su atención, en este caso, los de salud, porque el mismo artículo dice que no habrá transferencia de competencias, sin la transferencia de los recursos necesarios y suficientes para su atención; además, el último inciso de este artículo establece que: “Únicamente en caso de catástrofe existirán asignaciones discrecionales no permanentes para los gobiernos autónomos descentralizados”, para el Gobierno no ha servido ni lo uno ni lo otro y se viola la Constitución, por cuanto debería haber doble transferencia de recursos. Y el Gobierno nacional, mutis por el foro, ni por entendido del mandato constitucional, y si no hubiese sido por la acción de los municipios en el control de esta pandemia, la situación de los pueblos, sobre todo en los cantones que tuvieron que gastar sus incipientes presupuestos en ayuda de las responsabilidades del gobierno y que, hasta ahora, ni se les compensa, ni se les paga lo que legalmente el gobierno les debe.

Nos preguntamos también ante esta situación, ¿qué hace la AME, a más de su papel decorativo para reclamar al gobierno por la falta de pago y compensación de los recursos gastados en el control de la pandemia? Y sobre eso vendrá la actuación rígida e insensata de unos auditores de Contraloría.

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