La Oxy sí solicitó autorización al Ministerio para ceder parte de su concesión a AEC. En el 2000, Oxy acordó con AEC venderle, en un plazo de 4 años, un porcentaje de su concesión petrolera. En 2004, Oxy y AEC le ganaron a Ecuador un arbitraje por devolución de IVA. Días después, al cumplirse el plazo de venta, Oxy solicita autorización para cederle la participación a AEC pero se la niegan, y el Procurador ordena al ministro que inicie el trámite de caducidad.
Oxy responde los cargos que se le imputan, presenta pruebas de descargo, pero no recibe respuesta. Pasan dos ministros de Energía y dos presidentes de Petroecuador. Una vaga sugerencia del Procurador de transar es recibida con críticas por legisladores, grupos sociales, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Hay movilizaciones. Finalmente se declara la caducidad y el Gobierno se apropia de los bienes de Oxy, sin derecho a compensación, para efectos prácticos, una confiscación. El caso estaba condenado a perderse: la cesión nunca se realizó, y se aplicó una ley no pertinente, por retaliación.