Si resumiéramos todos los actos de corrupción política denunciados en el país durante la era del correato, llenaríamos más páginas en los libros de la historia, entre ellos el caso Fernando Balda, en el cual la jueza Daniela Camacho llama a la audiencia de vinculación penal al expresidente Rafael Correa, por el secuestro del político en Bogotá. Los mismos agentes y policías contratados por él testifican que fueron pagados por la Presidencia y por ende con dineros del Estado, para perseguir a Balda. Es irónico que en este caso pequeño, sin subestimar al señor Balda, sea enjuiciado, cuando en realidad la corrupción ha llegado a corroer todos los estamentos públicos en la sustracción de fondos públicos. Es difícil cuantificar el monto, entre sobornos y sobreprecios, en las diferentes obras, como la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas que costó más de USD 2 000 000, al igual que la Refinería del Pacífico en Manabí, cerca de USD 1 500 millones.
De las hidroeléctricas, ocho en total, solo funcionan tres, y una de ellas con fisuras. Pese a esta descomunal cifra, el robo de fondos públicos en coimas es un granito de arena, comparado con sus efectos colaterales: endeudamiento agresivo, ineficiencia del gasto y pérdida de la inversión.
Por lo tanto es hora de juzgarlo en su verdadera dimensión.