¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos volvemos a hacer ante otra dilatoria de la Asamblea Nacional, que ha postergar la elaboración y aprobación de la ley que – de acuerdo a cánones realistas, modernos y de servicio a la comunidad que nos han ofrecido, respecto a modificar, corregir, ratificar, etc. según sea el caso- de las empresas que brindan seguros privados de salud y que somos utilitarios casi un millón de ecuatorianos.
Por mi actividad médica en pleno ejercicio y por lo que escucho y veo y me ha sucedido con distintas aseguradoras, puedo afirmar -aspiro a no equivocarme- que existen empresas “de primera, segunda y hasta de tercera”.
Y no existen normas claras y una serie de políticas independientes de cada una que, a su vez, son tomadas en cuenta de acuerdo en varios casos a sus conveniencias, que ocasionalmente o frecuentemente no se comunica a quien adquiere la póliza en el momento que se lo hace.
Sobre los servicios varía mucho la calidad de acuerdo de qué tipo de empresa tiene afiliación el asegurado y existen muchísimas limitaciones en cobertura, edad, enfermedades, etc.
Al igual que se califica a las universidades, se lo debería hacer a estas empresas, y controlar efectivamente el cumplimiento de la Ley y que privilegien a la salud antes que a otras cosas. Especialmente, a aquellas a las que denomino de “segunda o tercera”.
Las condiciones de vida y salud actualmente han variado mucho y, obviamente, estas empresas deben adaptarse y cambiar de misión y visión. Pero se necesita que exista una autoridad estatal que controle su funcionamiento.