2 de mayo de 2019 00:00

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Jorge Chambers Hidalgo

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Se insiste que la década anterior fue un aquelarre de corrupción generalizada, mencionándose que existiría una pérdida de USD 30 000 y hasta 70 000 millones, lo cual debe ser determinado por la Contraloría del Estado, especialmente los sobreprecios en contratos de puentes, carreteras, escuelas, colegios, hospitales, hidroeléctricas, refinerías, venta anticipada o concesión de campos petroleros, etc.

Pero van dos años de denuncias y, salvo excepciones, hasta ahora no se configuran responsabilidades, aunque los comités de contrataciones, administradores, contratistas, fiscalizadores, etc. son identificables, por lo que es necesario determinar actores y que se recuperen los dineros perdidos.
Supuestas irregularidades como vuelos sospechosos de los aviones presidenciales a paraísos fiscales o cargamentos ilícitos, deben ser explicados por quienes llevan sus bitácoras, o casos como el crimen del Gral. Gabela, en el cual aún no se definen autores intelectuales: el perito extranjero no ha señalado nombres como anuncio, e inexplicablemente no tiene copia de sus informe; o espionajes mediante el sistema 911, sobre los que deben informar los responsables de turno.

Tampoco se ha establecido la ruta del dinero perdido por las vías legales como ofreció un ex Fiscal General que se ausentó intempestivamente. Igualmente, la Contraloría puede determinar responsabilidades en las compras ficticias que se acaban de mencionar. En cualquier caso, esperemos que la actual Fiscal General pueda establecer indicios serios de estos hechos pendientes, ya que la ciudadanía espera resultados concretos y no simples afirmaciones.

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