Se acaba de anunciar la aprobación por parte del Directorio del FMI un nuevo convenio crediticio de Facilidad Extendida por 6,5 mil millones de dólares, con una duración de 27 meses, con la finalidad de enfrentar la pandemia del covid-19 y estabilizar la economía nacional. Tres hechos concretos deben considerarse para entender esta nueva operación crediticia: la sociedad ecuatoriana enfrenta una de sus peores crisis de su historia contemporánea; las fuerzas políticas de izquierda y derecha nunca se pusieron de acuerdo sobre políticas de reciclaje de recursos internos razón por la cual se pasó a una fuerte dependencia de los préstamos externos; y, los compromisos que se asumen van a condicionar el manejo económico del próximo gobierno. Ahora bien, se requiere tanto objetividad como acción colectiva para “ir más allá” de las políticas fondomonetaristas tales como: prioridad de las compras públicas para las empresas ecuatorianas; pacto productivo-financiero para racionalización de los costos bancarios; reforma laboral profunda que evite el pago por horas; reforma tributaria integral que combine una racionalización de impuestos empresariales a cambio de una tributación progresiva sobre el patrimonio neto de las personas.