El Diario EL COMERCIO publica el 5 de los corrientes una amplia información respecto a las nuevas tarifas que pagaría el Estado y a las que tendrían que sujetarse algunas empresas petroleras por sus servicios. Según se destaca, en la publicación, estas bajarían en promedio de USD 35 por barril, a un rango de entre USD 10 a USD 15, por la caída de los precios internacionales del petróleo.
La medida puede ser hasta indispensable. Pero es poco serio que “a medio camino” se cambien las reglas de juego a los inversionistas, en un momento en que el país, hoy más que nunca, debe dar muestras claras de seguridad al capital a fin de que este no siga ahuyentándose.
Los cambios en referencia, demostrarían la imprevisión con que se firmaron los contratos originales y lo mal negociados que fueron, pues recién se quiere incorporar disposiciones en estos acuerdos para que las tarifas a pagarse a las empresas se sujeten a las fluctuaciones del crudo.
En los 40 años que fui funcionario del Estado, siempre defendí sus intereses. Pero no puedo estar de acuerdo con reformas de este tipo, que desdicen de la cordura con la que se debe actuar siempre.