Comenzamos el 2012 con la promoción de una reforma al denominado Código de la Democracia, que terminó en un veto presidencial que fue acogido por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional. Las reglas del juego han sido trazadas por el Ejecutivo, con el fin de delimitar el accionar privado durante la campaña electoral. Muchos de los asambleístas de País mostraron su descontento con la propuesta presidencial, pero mantuvieron sus votos a favor para precautelar los intereses del Mashi, y los suyos propios en las próximas
elecciones.
Todo el artículo está plagado de términos que resultan muy subjetivos que pueden ser entendidos de forma literal, como una barrera para la libertad de expresión e información de los medios de comunicación, justamente cuando está por comenzar el año electoral. La vaguedad en las palabras utilizadas en la redacción de este artículo, constituyen un claro poder discrecional para las autoridades públicas que harán efectiva la aplicación de la normas, y además, infundirá un efecto psicológico negativo en los destinatarios de la misma. Al parecer, se han dictado un sinnúmero de palabras que hace imposible obtener un consenso para darle significación. Lo que realmente dicta este artículo es una prohibición vinculada a la cobertura que puedan dar los medios de comunicación, limitando las entrevistas, artículos, debates y demás, que puedan realizar en pro de que los votantes conozcamos las bondades y desencantos de nuestros futuros mandantes. Los medios de comunicación urgen de aclaraciones para conocer cómo perfeccionar su accionar en estos meses de campaña y decisiones. Lo que comenzó como reestructuración al sistema electoral, terminó en un veto a las opiniones y a la difusión periodística. Sin duda la mordaza estará de moda durante 2012.