Es realmente lamentable y preocupante lo que sucede con la actividad minera en el país. Los principales actores: autoridades, empresas y activistas se han encargado de caotizar el sector y convertirlo, de una gran oportunidad de desarrollo, en un foco de conflicto, en el que la comunidad, la población, han resultado víctimas de una confusión total por la desinformación y manipulación ante lo desconocido, sembrando dudas y temores difíciles de revertir.
Las autoridades, por la falta de una política minera clara y coherente, con mensajes erráticos y contradictorios. Por su poca capacidad y permisividad en ejercer el control y su complicidad en no sancionar con rigor los incumplimientos, generando gran desconfianza. Las empresas, después de años de exploración, creer que pasarían a la explotación a gran escala de manera silenciosa, en algunos casos con prácticas engañosas para ocultar la magnitud de su actividad, aprovechando la ingenuidad de las comunidades para convencerles y contentarles con dádivas paternalistas efímeras, sin propiciar acuerdos a largo plazo para lograr la sostenibilidad de los proyectos con nuevos usos. Autoridades y empresas, por no difundir, informar y educar a la sociedad en general sobre la actividad minera a gran escala, enfrentando y resolviendo con oportunidad las inquietudes, miedos y variadas reacciones, recurriendo a la razón no a la imposición.
Los activistas opuestos radicalmente a la actividad, que para lograr sus propósitos han mostrado pocos escrúpulos en los métodos utilizados para causar pánico, pregonando grandes catástrofes y pretendiendo una conservación a ultranza, desconociendo el rol de la naturaleza como proveedora y receptora.