2 de junio de 2019 01:15

24 meses en el limbo 

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Carlos Bustamante Salvador

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Inexorablemente se cumple el segundo año del mandato Presidencial. Los principales ejes se centraron en ejecutar una cirugía mayor a la corrupción, reactivar la producción, generar empleo, ahorro y austeridad institucional, salud inclusiva con programas de desarrollo social y humano de la población, entre otras; lamentablemente, estos cantos de sirena, estas promesas autocalificadas como “Toda una vida”, son utopías, incumplimientos que desconciertan a la sociedad, creando mesas de diálogo que no conducen a ninguna solución de los problemas más acuciantes y que más bien negligentemente omiten sus soluciones. El Estado tiene competencias exclusivas sobre la protección interna y orden público, garantizando la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas; la rehabilitación social, tiene como finalidad reinsertar en la sociedad y proteger a las personas privadas de libertad.

Por lo tanto es urgente contar con una política criminal, penal, que implica estrategias y actividades de estructuración inmediata como respuesta frente al aumento de la criminalidad de contenido violento, al crimen organizado y a la delincuencia convencional; priorizando el Ministerio Público la persecución de los delitos de mayor gravedad; reparando a las víctimas y sancionando con pena de prisión solo los delitos de mayor gravedad, y más bien priorizar el trabajo comunitario como medida no privativa de libertad.

Un plan de política criminal significa un conjunto de estrategias y actividades que se desarrollen a mediano y a largo plazo, necesarias para mejorar las condiciones en algunos niveles de la sociedad ecuatoriana que hagan viables las posibilidades de ofrecer alternativas al fenómeno de la criminalidad creciente, controlando el hacinamiento carcelario y la justicia penal.

Corresponde a la Policía Nacional, específicamente a la Policía Comunitaria trabajar con la sociedad creando y aplicando programas de prevención no solo del delito sino de convivencia social pacífica y para ello es necesario una reingeniería de la misma, desconcentrando y optimizando sus funciones.

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