El Presidente señaló que con su gabinete están estudiando la posibilidad de no conceder entrevistas a los medios privados, pues persiguen fines de lucro. Palabras más, palabras menos. Ciertamente que la mayoría de los medios privados son personas jurídicas (sociedades anónimas o compañías limitadas), y que como tales, persiguen fines de lucro, o sea, obtener utilidades, según los balances anuales de pérdidas y ganancias, que de acuerdo a la Ley de Compañías deben elaborarlos. De hacerse realidad el anuncio presidencial, sería inconstitucional, ya que atentaría contra varios derechos y garantías: libre asociación; “a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejan fondos del Estado o realicen funciones públicas”; todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades; “nadie podrá ser discriminado por razones de (…); la ley sancionará toda forma de discriminación”.
En fin. Diferente es que se ejerza el derecho a: “Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de hechos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”. Además, en las entrevistas, a seguir respondiendo y refutando con la verdad, cualquier información manipulada por intereses politiqueros o de grupos de poder económico. Como partidario de la revolución ciudadana invito al Presidente y a sus colaboradores a desechar aquello en homenaje a la total libertad de expresión que hay en Ecuador.