Tras la falsificación de firmas, la negligencia del CNE para verificar las inconsistencias en la inscripción de los políticos de manera oportuna y la polémica convalidación de firmas, ya se anuncian movilizaciones de sectores de izquierda y de Gobierno, por supuesto, ambas en “favor de la democracia”.
Es fácil advertir que, en esta coyuntura, las marchas tienen un tinte meramente político. Llegará el día de las marchas, habrá discursos, consignas a favor y en contra del Gobierno, por ende no faltarán insultos, existirán balances sobre “ganadores y perdedores”, en definitiva se medirán fuerzas.
Sin embargo, ¿qué hay sobre las responsabilidades? Acaso las marchas, y su pronta respuesta gobiernista, ¿determinará la responsabilidad de los movimientos y partidos, así como de los consejeros del CNE en el tema de las firmas? ¿Definirán la situación, en derecho, sobre los movimientos ya inscritos, cuyas firmas nuevamente revisadas no alcancen el requisito establecido en la ley? ¿Devolverán la confianza ya perdida en el sistema electoral? ¿Garantizarán elecciones transparentes? Obviamente una marcha no soluciona el problema, esto se puede superar a través de instituciones sólidas e independientes, que ejerzan control en observancia de la Constitución y la ley.
Consecuentemente determinen responsables.
Ahora bien, a través de la institucionalidad actual del Estado, no la del pasado, no la de la partidocracia, en la actualidad, ¿se encontrará una salida adecuada a los problemas planteados? ¿O estamos resignados a tiempos de marchas y contramarchas?