Es una de las desventajas de la libertad de expresión, sin embargo, esta desventaja debe ser autorregulada por el público lector.
Con indignación he podido apreciar los pasquines que se han publicado tanto en redes e incluso de forma impresa y constituyen capítulos apócrifos sobre los acontecimientos suscitados de octubre de 2019, cuando el Estado Constitucional fue atacado con fines protervos, se pretendió atentar contra el Gobierno Nacional, el Estado de Derecho y el sistema democrático.
Las bases del pueblo indígena fueron manipuladas por sus líderes, quienes los instigaron para la comisión de delitos; esa protesta fue el medio por el que grupos terroristas infiltrados entre los indígenas, atacaron y secuestraron a miembros de la Policía Nacional y periodistas, destruyeron la propiedad privada y generaron caos en la ciudad de Quito.
Varias vidas se cobraron por la instigación irresponsable de parte de seudos dirigentes que reclamaban por la afectación a los hogares del pueblo indígena, pero en realidad lo que buscaban era proteger sus intereses, principalmente su flota de tractores, para que su negocio rinda a costa del subsidio estatal.
La Justicia debe condenar a los procesados por terrorismo, ataque y resistencia, sin importar que lamentablemente sean autoridades de elección popular.
Los documentos históricos deben elaborarse considerando la Justicia y el Derecho, relatando los hechos tal como sucedieron, descartando visiones de anarquía que coincidentemente son las que guardaron silencio durante la década saqueada, pretendiendo tener calidad de vida como de los ciudadanos europeos, pero pretenden elegir gobernantes como los de Venezuela.