22 de septiembre de 2018 00:00

La ley de transparencia y su vigencia

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Jaime Mantilla

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“Sólo la transparencia , sin limitante ni exclusión alguna, permitirá la vigencia de la ética desde el poder y en la relación de los sectores privados con el poder”.

Con esta frase concluía León Roldós su columna del miércoles en EL COMERCIO.

Coincide con la preocupación que la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Aedep expuso al entonces presidente Gustavo Noboa, quien solicitó al gremio periodístico que propusiera un proyecto de ley que garantizara la transparencia en los negocios públicos y entre el Estado y el sector privado y junto con el libre acceso de los ciudadanos a la información.
En pocas semanas, sustentado sobre la propuesta de Aedep , el Congreso, por pedido del Presidente, aprobó la Ley Orgánica de Libre Acceso a la Información Pública, (Loatip) el 4 de Mayo del 2004. En el gobierno de Alfredo Palacio se emitió el reglamento y entró plenamente en vigencia.

La llamada mas tarde Ley de Transparencia, impuso que todas las transacciones entre el sector público y privado se publiquen en las páginas web de las entidades gubernamentales, o privadas intervinientes.
El gobierno anterior ignoró esta ley, facilitando la inmensa corrupción que se desató durante 10 años.

La Ley señala las obligaciones de todo funcionario e institución del sector público, ONG, personas jurídicas de derecho privado que realicen gestiones, representen, posean información pública o se financien con dineros públicos, a transparentar e informar periódicamente de todos los detalles de esas relaciones.

Agrega además la ley, las condiciones para calificar a la información como reservada, y la obligación de revelarla al cabo de 15 años.

En momentos en que se discute la nueva propuesta de Ley de Transparencia, sería muy importante revisar la Loatip pues con su estricto cumplimiento no sólo se habría evitado toda la corrupción en los períodos anteriores, especialmente en el correato, sino que respetándola, se evitaría buscar un nuevo cuerpo legal en este país en el que muchos creen que la existencia de leyes de todo tipo, garantiza los derechos ciudadanos.

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