La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un informe contra la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador que tiene más de un año de vigencia. Sostiene, en síntesis, que tal marco jurídico dizque limita la actividad de los medios de comunicación. La Constitución y dicha ley garantizan y aseguran el ejercicio de los derechos de la comunicación, de la libertad de expresión, prohíben la censura previa, etc. Garantizan que la ciudadanía esté debidamente informada. Pero toda información debe ser veraz, oportuna, contextualizada, etc.
Asimismo, las opiniones deben ser tales, y no convertirlas en línea de agresión. Del mismo modo, aquel marco jurídico busca y aspira a que los medios de comunicación, siempre orienten el juicio de los lectores, oyentes y televidentes, de manera objetiva, seria y sin manipulación; les obliga a rectificar cuando fuere procedente y necesario, en defensa de la verdad de los hechos, y de la presunción de inocencia de un individuo cuando es del caso. El balance es positivo a un año de vigencia de aquella ley orgánica.