Una de las acciones emprendida por el anterior gobierno para destruir la institucionalidad del país y con el fin de debilitar a la Policía Nacional, fue el traslado de la competencia del tránsito a los municipios, lo cual ha creado, al menos en Quito, un caos permanente en la circulación vehicular.
Se creó desde cero y en poco tiempo la AMT Agencia Metropolitana de Tránsito, una estructura que en dos administraciones municipales no ha logrado organizarse ni capacitar al personal de agentes, ni establecer sistemas que ayuden a mejorar el tránsito, desechando a los policías que tenían décadas realizándolo mediante una organización jerárquica, que, a pesar de muchas deficiencias, era mejor que la administración actual.
A diario vemos en la ciudad que, donde antes intervenía un policía ahora lo hacen dos o tres agentes, que casi siempre están distraídos, que suplen su falta de capacidad y personalidad, con el tupido número de personas y motos.
Como tienen que justificar su existencia y su abultado número, tratan de hacerse respetar y aumentar los ingresos, sancionando a los conductores ya sea con base en controles aleatorios o respaldándose de cámaras en varios semáforos o radares en las vías.
En el caso de las cámaras en los semáforos, premeditadamente han reducido el tiempo de la luz amarilla a fin de poder sancionar a más conductores, apoyados con videos que justifican la multa, siempre certifican que las cámaras están calibradas, con esto recaudan para pagar los préstamos de implementar el sistema y mantener la pesada burocracia municipal.
Al matricular un vehículo el conductor se entera que tiene varias multas que pagar y con intereses.
Cuando se reclama porque la AMT no ha cumplido la obligación de notificar la infracción dentro de tres días, la respuesta es pague la multa y después reclame.
No se puede matricular el vehículo si no ha cancelado las multas y el ciudadano se ve obligado a pagar porque si no lo hace en el plazo, le caen otras multas, lo que representa la aplicación de la ley del embudo, o sea que siempre tiene que pagar tenga o no tenga razón, para estar dentro de la ley.
Si se presenta el reclamo con abogado, porque no lo han notificado, hay que solicitar la certificación de la citación o notificación, etc., trámites que toman largo tiempo y finalmente aparece que la AMT ha cumplido los procesos y el usuario es obligado a pagar porque ya se pasaron los plazos, confirmando que la ley del embudo está vigente.