Para Fanny Pulecio, la Ética Publica es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formación y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos públicos, generando un cambio de actitud en ella al inculcarles valores de servicio público.
De acuerdo con nuestra Constitución, Servidor Público son todas las personas que en cualquier forma o a cualquier titulo trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.
Bajo esta lógica, todo funcionario público debe prestar servicios de calidad, que promuevan el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos con valores de servicio a la comunidad, que constituyan un fundamento de actuación cotidiana dentro de los distintos poderes públicos.
La ética pública es la aplicación directa de la ética de uno mismo, ya que, en la administración pública en la práctica incluye valores y principios morales sobre los actos que como persona y funcionario público realizamos.
Por ejemplo, una persona con principios y valores sólidos es muy difícil que pueda corromperse dentro de la administración pública, a diferencia de aquella persona que desde su infancia, su educación familiar y formal, sin un ápice de valores y carente de principios éticos, quien se crió bajo principios negativos como “Quién no tranza no avanza”, “Si roba, roba bien”, etc., resulta difícil que dentro de la administración pública aplique aquellos valores profesionales y cumpla códigos de conducta.
Actualmente, la ética y la decencia es lo menos que caracteriza a la administración pública de nuestro país, puesto que esta conducta social afecta al desempeño institucional opacando conductas legales, honestas y responsables.
Las funciones y cargos públicos tienen su única razón, el deber de servicio al interés general con la finalidad de obtener la confianza ciudadana, dejando a un lado privilegios, que por su condición de autoridades ocupan el dinero de los ciudadanos para fines personales, constituyéndose actos de corrupción que afecta a la institucionalidad , administración pública y por en ende a nuestros derechos como ciudadanos.