La política en el Ecuador ha sido que las empresas de servicios públicos debieran ser manejadas por los gobiernos central y local, la filosofía era tener una producción y distribución directa a todos los habitantes del país, con el propósito de disminuir costos y beneficiar a la población con servicios eficientes y tarifas más bajas.
La oportunidad de poner en práctica esta teoría llegó cuando el gobierno de Rafael Correa tomó las riendas del país y una ola de empresas pasaron a ser manejadas por entidades públicas. Donde los resultados están a la vista. Empresas petroleras con costos más altos que el valor de venta, medios de comunicación, con resultados deficitarios, empresas de aviación con pérdidas, medios de transporte sin control de gestión que favorezca al usuario, hospitales con turnos para atención de dos o más meses y otros cerrados por falta de cuidados y aseo, empresas recolectoras de basura con la mitad de recogedores parados, con el riesgo de enfermedades por la acumulación de basura en las calles.
El éxito de las empresas privadas se debe a que ellas tienen planes y objetivos claros, definidos en sus presupuestos, sus directivos y empleados tienen funciones determinadas y compiten con otras realizando un mejor producto o servicio a un menor costo. Mientras en las públicas, los presupuestos deben abarcar un sinnúmero de necesidades, descuidando la prioridad específica de ciertas empresas, que no solo requieren funcionar con activos nuevos, sino que deben tener un área de mantenimiento constante para ganar eficiencia y disminuir costos, lo cual es difícil explicar en los presupuestos, a eso se suma que los presupuestos son aprobados por personas que tienen diferente proyección del uso del dinero y que los administradores terminan en muchos de los casos siendo aliados políticos y no técnicos en la materia.
Urge a las autoridades mirar el área de producción privada, ya que ella aumenta el empleo, crea impuestos y disminuye costos en beneficio de todos los ecuatorianos.