13 de enero de 2020 00:05

Justicia y equidad

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Gustavo Chiriboga Castro

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Los ecuatorianos ya no sabemos qué hacer para que los operadores de justicia, jueces y fiscales, con excepciones, dejen atrás el recuerdo de las sabatinas en las que se dictaban sentencias, atropellando lo derechos humanos y que esa denigrante práctica ya no se la imponga, porque la ley debe siempre prevalecer sobre la política. Del análisis imparcial de lo sucedido con los nueve detenidos en Lago Agrio, acusándolos por parte de la Fiscalía de una supuesta paralización de las máquinas que bombean el crudo y que en el proceso no se llegó a probar, porque quienes conocemos las instalaciones de Petroecuador, sabemos lo impenetrables que son esas instalaciones, solo para llegar a las oficinas administrativas, peor para ingresar a las maquinarias que se encuentran resguardadas por guardias y los mismos trabajadores de esa empresa pública.

Los jueces de la Sala de la Corte Nacional de Justicia que los juzgó y sentenció, no consideraron que a las nueve personas se las detuvo por un mismo supuesto hecho y que, por tanto, a todos y cada uno, se los debía sentenciar por igual. Pero resultó que la política pudo más que el derecho y el sentido común; y así, a unos se los sentenció a cuatro años y a otros a un año cuatro meses; a cuatro se les concedió la gracia de que cumplan la sentencia en libertad.

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