En junio 7 del presente año acudí a la Fiscalía de Pichincha a denunciar a tres personas, su madre y sus dos hijos por un
caso consumado de estafa, robo y falsificación de documentos públicos, se lo hizo en la Fiscalía de Fe Pública # 1 de Pichincha, donde la denuncia fue recibida como así consta en un acta que me fuera entregada. Le denuncia se hace debido a que una química farmacéutica ecuatoriana, quien fungía de experta en el área de registros sanitarios, solicita dinero para el pago de las tasas respectivas en el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez de Guayaquil, a una empresa española, y para justificación de los mismos entrega facturas del INH, o sea del Estado ecuatoriano, falsificadas, con sellos, firmas y numeración adulterados. Existen pruebas de transferencias realizadas desde esta empresa española hacia las cuentas de dos de sus hijos, lo que comprueba el robo y estafa adicionales al cargo de falsificación de documentos.
Transcurrieron 15 días y se nos citó a esta dependencia nuevamente, en donde la secretaria de esta solicitó una firma adicional
a la denuncia en la que se le transfiere el caso a un agente para su investigación; luego de una semana adicional, no ha ocurrido nada más que dar tiempo a los delincuentes para que se pongan a buen y mejor recaudo, o para que sigan haciendo de las suyas a vista y paciencia de la justicia ecuatoriana, debo recalcar que en este caso no se ha emitido boleta de captura alguna , ni orden de prisión preventiva, en absoluto, por lo que con seguridad puedo decir que la justicia en mi país sí avanza, pero en favor de la delincuencia, demostrando inoperancia, exagerada burocracia, sin mostrar siquiera síntoma alguno de mejoría. Cosas de la revolución ciudadana, sin duda.