Entre los estamentos sociales más vulnerables se encuentran las personas que se han jubilado, ya sea por razones de enfermedad o invalidez, o al haber cumplido con los requisitos legales exigidos, esto es tener la edad y el número de aportaciones requeridas.
En la actualidad si bien se paga con puntualidad las pensiones, estas permanecen congeladas, sin que haya existido algún incremento en los dos últimos años, ya sea como compensación al costo de vida o por el índice inflacionario, ni siquiera se ha cancelado el pago proporcional, por el irrisorio aumento al salario básico anual, según así se lo verifica al revisar los roles de pago mensuales, lo que significa el gran desprecio que el Estado tiene por los jubilados, quienes han entregado su juventud y gran parte de sus vidas, con trabajo honrado y sacrificado, al desarrollo del país.
En materia de salud, los jubilados reciben una deficiente atención, se los maltrata haciéndoles esperar extensos turnos para conseguir una cita médica con el especialista, y la provisión de medicamentos del Seguro Social es insuficiente, en razón de que la mayor parte de estos no se los proporciona y tienen que ser autofinanciados por los propios asegurados, lo que ocasiona un grave perjuicio económico. La Seguridad Social a nivel universal fundamenta su existencia en la protección a la población en estado de vulnerabilidad e indefensión, como son en los casos de jubilación y vejez.
El IESS en nuestro país, ha sido mal manejado por los gobiernos de turno, en especial por el anterior de Correa, quien ordenó la eliminación del aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares, disposición por demás arbitraria y perjudicial, que ocasionó su desfinanciamiento y que esa institución pública se encuentre en una grave crisis y según estudios actuariales si no hay una solución adecuada se corre el riesgo que a futuro se afecte gravemente al pago de las pensiones jubilares.