A la Ministra de Gobierno, quieren censurarle por diferentes actos como la crisis carcelaria; la utilización de bombas lacrimógenas caducadas; el reparto de la construcción de hospitales; y, secretas razones de rivalidad política.
¿Quiénes buscan la salida de la ministra?: varios asambleístas inmersos en “investigaciones judiciales”, donde estarían alrededor de 60, según lo declarara el propio presidente del Parlamento.
Que, a un Secretario de Estado, se le sancione por “asuntos de interés público”, me parece serio y digno de respaldo, pero no por un tema de promoción por estar cerca las elecciones.
Diferente sería, si el juicio político es por el festín de más de USD 500 millones de los recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional del cual, según se señala en la edición de Diario EL COMERCIO del 20 de octubre, la Ministra de Gobierno es la presidenta del Directorio, por lo cual todas las investigaciones que plantea, este momento, dicha funcionaria, son una burla.
En síntesis, que se le separe a la ministra del cargo que ostenta este momento, por la falta de control en el Isspol, es lo único que amerita el enjuiciamiento planteado, porque las otras razones son intrascendentes para la mayor parte de los ciudadanos.