La Constitución garantiza el derecho a la seguridad jurídica y para conseguir tal precepto, debe permitirse previamente la existencia de normas jurídicas que garanticen el derecho al debido proceso.
Las intenciones constitucionales se mantienen firmemente en el alegato, pero en la práctica observamos que pese a que ha transcurrido un año ocho meses desde el mandato popular, lamentablemente se constata un retraso que interrumpe el anhelado cambio de modelo. La Unidad Judicial de Contravenciones creada en Quito, mantiene para los usuarios, horarios de 24 horas con el apoyo de funcionarios que no pueden atender audiencias en forma eficiente, ya que el sistema creó pasos tecnológicos. Las experiencias están a la vista y en grabaciones que dan fe de una justicia aletargada donde se constata el conocimiento y juzgamiento de infracciones luego de seis horas de ingresado un parte policial.