Los hechos suscitados en la Universidad de Guayaquil la semana pasada no pueden ser admitidos por las autoridades nacionales que acompañan a las instituciones de Educación Superior. Pandillas dirigidas por irresponsables golpearon a policías y apedrearon a funcionarios bajo el pretexto de “recuperar” un espacio físico que pertenece al conjunto de la sociedad, y no a un grupo particular.
La crisis de la Universidad se desata a partir de la destitución del rector ordenada por un informe de Contraloría, que fue resistida mediante acciones de hecho por uno de los sectores en conflicto.
Las leyes ecuatorianas y los estatutos establecen con claridad cuál es el orden de sucesión en la Universidad, sin embargo, mediante acrobacias argumentales el Consejo Universitario no las implementó; la respuesta del grupo en contienda fue atrincherarse por la fuerza en una instalación y entronizar una autoridad que ha tomado varias decisiones administrativas que no pueden ejecutarse.
A diferencia de lo que ha ocurrido en la Universidad, las instituciones que regulan la Educación Superior, no van a actuar, no pueden, al margen de la Ley ni de manera arbitraria. El Consejo de Educación Superior ha prevenido a las autoridades de esa Universidad con intervenirla de continuar la inestabilidad y las condiciones que auspician la violencia y ha dado un plazo para la ejecución de sus resoluciones.
Cualquier intervención, si ella ocurriera, deberá ser hecha sin propósitos políticos (como ocurrió en el pasado reciente), ejecutada legalmente por personas absolutamente ajenas a los intereses de los grupos que caotizaron la universidad y deberá limitarse a hacer cumplir la Ley y a organizar elecciones transparentes, con autoridades electorales confiables, y con monitoreo de las instituciones nacionales especializadas. Ello es imprescindible con el fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes de la mayor universidad del país.