26 de abril de 2019 00:00

La inseguridad jurídica

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Soy un permanente lector de los comentarios de Fabián Corral. Me refiero al análisis sobre la Constitución Política que consta en la edición del 11 de abril, del cual se desprenden las siguientes preocupaciones:

Se habría otorgado jerarquía constitucional a las políticas públicas por sobre las leyes con lo cual se condiciona su vigencia a los lineamientos que se aprueben al respecto, sometiendo los derechos individuales al “interés general” conforme lo interpreten las autoridades. Las actividades económicas deben desarrollarse bajo principios de “solidaridad y responsabilidad social”, criterios que igualmente serían definidos por el Estado o por los jueces, creando potestades discrecionales para ambos.

El acceso a los factores de la producción prohibiría el acaparamiento con el objeto de eliminar “los privilegios y las desigualdades”, aclarando que el Estado debe regular e intervenir cuando sea necesario.

En materia de sectores estratégicos, servicios públicos e inclusive empresas estatales nada estaría definido, pues los tres sectores pueden ser ampliados mediante las leyes que se expidan al respecto, aclarando que sus concesiones son temporales y revocables. La pregunta del millón: ¿será posible que con esta inseguridad jurídica lleguen inversiones? 

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