Cuando se habla de información, declarada reserva por la autoridad de un País cualquiera, se entiende, por lo menos en términos estrictamente legales, que el levantamiento de esa reserva compete a ese País y sus autoridades, facultadas para el efecto. No entiendo el planteamiento del señor Assange y su abogado, Baltasar Garzón. Más parece que se pretende anteponer la opinión e interés den ciudadano común, en este caso ecuatoriano, sobre las decisiones soberanas de un Estado.
Quisiera que alguien me explique el alcance y las razones de esta amenaza de demanda. El Estado ecuatoriano es soberano para decidir sobre la clasificación de información generada por sus funcionarios. No es la voluntad de cualquier ciudadano la que va a imponerse a la decisión de un Ministro de nuestro País. Creo que esto sí sería afectar a la soberanía del Ecuador.
Me parece que esta situación se asimila a lo que conocemos como lo que dice el dicho: “los pájaros disparando a las escopetas”.